EL INQUISIDOR

(Comentario)

Antony Chunga Calcina

LA CORRUPCIÓN SIN LÍMITES

Es que acaso la clase política del Perú está realmente perdida y no tiene remedio. A las denuncias por sobornos de la empresa Odebrecht a Ollanta Humala, Alejandro Toledo, a exfuncionarios apristas, ahora se suma Keiko Fujimori y la vicepresidenta Mercedez Araóz (candidata a la presidencia por el partido aprista), quienes según reciente confesión del mismo Marcelo Odebrecht han recibido también sumas de dinero por parte de esta empresa para financiar sus campañas para las elecciones del 2011. Parece que esta red de corrupción no tiene límite.

Claro que -como siempre sucede con los políticos- ahora intentarán negarlo en todas las formas posibles. Si bien es cierto que en el Perú recibir dinero de empresas privadas para las campañas políticas no es ilegal, creo que por un principio de ética los políticos deberían abstenerse de hacerlo; pues en política y en los negocios nadie da dinero a cambio de nada. Y es que este modo de operar de esta empresa ha sido realizado en varios países y lo hacían con todos los políticos que de alguna manera tenían más opciones de llegar al poder independientemente de la línea política que tenga y así esta empresa no tenía pierde salga quien salga elegido; pues después tenía que cobrar el favor beneficiándose de todas maneras con la realización de todos o la mayoría de los proyectos de infraestructura del gobierno de turno, como se comprueba con lo que ha sucedido en el Perú en donde muchos de los proyectos han sido realizados por esta empresa.

Me pregunto lo siguiente: si el Sr. Ollanta Humala recibió tres millones de dólares estando cuarto en las encuestas en la primera vuelta, cuánto habrá recibido la Sra. Keiko, que iba primera. Entonces, creo que ha llegado el momento de hacer una reforma electoral que implique la promulgación de una ley que prohíba la financiación privada nacional o extranjera a los partidos políticos y que, como ocurre en otros países, el financiamiento lo asuma el Estado y así también todos puedan competir en las mismas condiciones; de lo contrario estos actos de corrupción se seguirán dando y nada cambiará.

Pero el problema es que para que esto se lleve a cabo, la ley debe ser aprobada por el Congreso. La pregunta es, entonces: ¿se atreverá a hacerlo cuando eso sería ir contra sus propios intereses? Parece que en este contexto, el problema de la corrupción en los partidos políticos no tendrá fin y el más perjudicado, como siempre, será el pueblo que sigue esperando políticos que realmente sean elegidos para servir al país desinteresadamente solucionando realmente sus problemas y no para el beneficio propio, como ha ocurrido, lamentablemente, en los últimos tiempos.