(Comentario)
Antony Chunga Calcina
LA CORRUPCIÓN SIN LÍMITES
Es que acaso la clase política del Perú está
realmente perdida y no tiene remedio. A las denuncias por sobornos de la
empresa Odebrecht a Ollanta Humala, Alejandro Toledo, a exfuncionarios
apristas, ahora se suma Keiko Fujimori y la vicepresidenta Mercedez Araóz
(candidata a la presidencia por el partido aprista), quienes según reciente
confesión del mismo Marcelo Odebrecht han recibido también sumas de dinero por
parte de esta empresa para financiar sus campañas para las elecciones del 2011.
Parece que esta red de corrupción no tiene límite.
Claro que -como siempre
sucede con los políticos- ahora intentarán negarlo en todas las formas
posibles. Si bien es cierto que en el Perú recibir dinero de empresas privadas
para las campañas políticas no es ilegal, creo que por un principio de ética
los políticos deberían abstenerse de hacerlo; pues en política y en los
negocios nadie da dinero a cambio de nada. Y es que este modo de operar de esta
empresa ha sido realizado en varios países y lo hacían con todos los políticos
que de alguna manera tenían más opciones de llegar al poder independientemente
de la línea política que tenga y así esta empresa no tenía pierde salga quien
salga elegido; pues después tenía que cobrar el favor beneficiándose de todas
maneras con la realización de todos o la mayoría de los proyectos de
infraestructura del gobierno de turno, como se comprueba con lo que ha sucedido
en el Perú en donde muchos de los proyectos han sido realizados por esta
empresa.
Me pregunto lo siguiente: si el Sr. Ollanta Humala recibió tres
millones de dólares estando cuarto en las encuestas en la primera vuelta,
cuánto habrá recibido la Sra. Keiko, que iba primera. Entonces, creo que ha
llegado el momento de hacer una reforma electoral que implique la promulgación
de una ley que prohíba la financiación privada nacional o extranjera a los
partidos políticos y que, como ocurre en otros países, el financiamiento lo
asuma el Estado y así también todos puedan competir en las mismas condiciones;
de lo contrario estos actos de corrupción se seguirán dando y nada cambiará.
Pero el problema es que para que esto se lleve a cabo, la ley debe ser aprobada
por el Congreso. La pregunta es, entonces: ¿se atreverá a hacerlo cuando eso
sería ir contra sus propios intereses? Parece que en este contexto, el problema
de la corrupción en los partidos políticos no tendrá fin y el más perjudicado,
como siempre, será el pueblo que sigue esperando políticos que realmente sean
elegidos para servir al país desinteresadamente solucionando realmente sus
problemas y no para el beneficio propio, como ha ocurrido, lamentablemente, en
los últimos tiempos.
